En situaciones anómalas las naciones democráticas recurren a métodos restrictivos para velar por el bien común. En el caso de Colombia, país con una funesta tradición de abusos a los derechos humanos, durante las últimas décadas se ha aplicado con cierta frecuencia el Estado de excepción para dar facultades extraordinarias a unas autoridades con tendencia al abuso de poder. Intuimos que el fin de la cuarentena será el principio de una nueva ola de denuncias sobre las cuestionadas autoridades.
En un país con un historial de abuso de autoridad, de desaforado control social ante toda manifestación de libertad –represión, seguimientos, acoso, interceptaciones, clasificadas bajo el eufemismo de “inteligencia”— es difícil confiar en esos gobernantes cubiertos por un manto de corrupción que ahora nos imponen el Estado de excepción. En un Estado policial típico, el acoso, el dogmatismo, la militarización de todos los aspectos de la vida desembocan en un estilo de vida gris, de gente acostumbrada al estancamiento social, cultural e intelectual, una sociedad que no evoluciona, que acepta la uniformidad del pensamiento, un solo modo de ver el mundo y de entender la vida, una población ansiosa, neurótica, dirán algunos, que busca válvulas de escape para desahogar esos impulsos reprimidos, llámese fútbol, rumba, religión o el camino de las armas.
En este país tropical amante de las parrandas, imposiciones como el toque de queda y ley seca en sitios públicos son intentos desesperados por contener la vocación alcohólica de una población acostumbrada a ahogar sus penas en alcohol y a silenciar sus pensamientos con música estridente. De la misma forma que en la jornada previa a las elecciones se prohibe el alcohol, como buscando imprimir orden al fraude electoral en ciernes, ahora prohiben a la gente beber en público, como si eso evitara que bebieran en privado, como ha venido ocurriendo a nivel nacional. Estas fiestas privadas, que incluyen drogas y alcohol, no tienen nada de extraño en un país controlado por las mafias y el crimen organizado, financiadores de las campañas de innumerables políticos que se oponen a la regulación de las drogas como alternativa al narcotráfico, franja de la economía que no ha dejado de surtir a sus clientes desde que comenzó el confinamiento, medida optimista, por no decir ingenua, en un país de narcotraficantes que ofrecen servicios a domicilio.
Esta cuarentena que entra en el tercer mes es un triunfo para los corruptos que han sabido aprovechar las ventajas que les ofrece el Estado de excepción —vencimiento de términos de procesos judiciales, liberación de presos de cuello blanco—, mientras que para el ciudadano promedio encerrado en casa la sola prohibición de movilidad puede llegar a convertirse en una tragedia ante situaciones imprevistas, pero comunes y remediables si estuviese permitida la libre circulación. Es así como un apagón de luz de varias horas —y los electrodomésticos quemados que ello conlleva—, un tubo roto, una cerradura dañada, un baño constipado, se trasforman en detonantes de problemas de convivencia, similares a los que deben vivir los centros carcelarios donde el hacinamiento es la regla. Y mientras que los gobernantes hablan de extender la cuarentena, en los hogares colombianos siguen teniendo la necesidad de llenar sus refrigeradores, de pagar sus recibos de servicios públicos, impuestos, y las cuotas atrasadas de las tarjetas de crédito. No es de extrañar que muchos colombianos se desentiendan de las ordenes dictadas por gobernadores, alcaldes, e incluso el presidente, quienes parecen gobernar para los intereses económicos de los donantes a sus campañas y no para todos los colombianos. La solución de estos “líderes” ha sido —redoble de tambor— reprimir, multar a una población que no tiene cómo pagar multas, que no tiene cómo pagar los servicios públicos, que no tiene cómo alimentar a la familia. Aunque para ser justos con ellos, no se puede esperar comportamientos humanistas, democráticos, sensibles al dolor ajeno, a unos políticos inhumanos, despóticos, promotores de la barbarie, que solo piensan en su enriquecimiento personal.
Por otro lado, y sin asomo de coherencia, de la noche a la mañana la salud mental está en la agenda temática del Ministerio de Salud, de los medios de comunicación y de las agencias aseguradoras, que bombardean sugerencias sobre cómo sobrellevar la cuarentena. Parecen pasar por alto que Colombia está divida entre pacifistas y guerristas, y que los últimos cuentan con el financiamiento infinito del narcotráfico. Si la violencia es el mayor problema de salud pública —de salud mental, entiéndase— ¿por qué solo durante la cuarentena aparece la temática, y desligada además a un conflicto armado que lleva mas de 60 años en curso? Para muchos colombianos el confinamiento era ya rutinario antes de la cuarentena, era la única forma de seguir con vida, de escapar de la muerte segura que les espera en la calle. La cuarentena solo ha hecho visible un fenómeno que para muchos es ya rutinario, lo que demuestra la ceguera selectiva del Ministerio de Salud, de los medios de comunicación y de las agencias de seguros.