¿Por qué los narcotraficantes, cuando son procesados, reciben condenas ligeras, que incluso pueden cumplir apelando al recurso de casa por cárcel? ¿Acaso exportar venenos que matan a millones de personas no es motivo suficiente para aplicar condenas severas? ¿ Cuándo el narcotráfico —que alimenta conflictos internos en los países productores de drogas— será considerado como un negocio ligado al terrorismo transnacional?
En Colombia los adictos llevan la peor parte del pastel. No se conoce una cifra precisa del número de adictos de este país, pero se los persigue como animales, lo que empeora la ya complicada situación de este grupo vulnerable psicológicamente, que recurre al consumo compulsivo de estimulantes por las propiedades antidepresivas que les proporcionan.
Las nulas normas de higiene es otro de los problemas circunscritos a la adicción de las drogas –y del prohibicionismo–. Sin regulación, serán siempre mayor el número de muertos por consumir drogas producidas de manera casera y sin controles de calidad. Por ejemplo: la cocaína, el MDMA, y el LSD producido por los laboratorios Sandoz o Bayer, con fines médicos y terapéuticos, son mucho mas seguras para la salud del paciente que las sustancias producidas en la clandestinidad, por personal no calificado, con sustancias químicas de dudosa calidad, y en muchos casos, no aptas para el consumo humano.
El adicto, por definición, tiene un problema: no puede controlar el impulso de consumir drogas. Pero en los países productores deben lidiar con otros problemas: la incomprensión, el acoso, la marginación por parte de la sociedad, la familia, las autoridades, y de los gobernantes que encarnan posturas radicales que tratan de reglamentar todos los aspectos de la vida pública y privada. De ahí que sea tan común que en países productores de drogas —que enarbolan la bandera de la “guerra contra las drogas”— se hayan instalado desde hace generaciones los estado policiales, en los que el fanatismo religioso, transformado en una suerte de puritanismo criminal, condena a tortura, desaparición o muerte, a todo aquel que decida intentar escapar a los paraísos artificiales que ofrecen las drogas.
Parasuicidas: el caso colombiano. El COVID-19, el alcoholismo y la adicción a las drogas han resultado ser una combinación letal –incluso para los estándares de la pandemia–, y quizás esa sea uno de los factores del crecimiento exponencial en el número de infectados en las principales ciudades en Colombia. Las drogas como vehículo de transmisión del COVID-19 son un tema vedado en estos países en los que el puritanismo se niega a ver la realidad de millones de personas –adictos, enfermos mentales, usuarios recreativos–. Sin controles de calidad durante la cosecha o su manofactura, sin controles sanitarios al momento de transportar o empacar, y sin medidas de higiene en el lugar donde se distribuyen, se ha abierto la caja de Pandora para la propagación del SARS en Colombia y en otros países de la región, lo que significa que por las vías de la ilegalidad se estarían multiplicando los contagios, ya que los narcotraficantes no respetan cuarentena, confinamiento, o cualquier otra idea magistral que salga de los casas de gobierno.
En Colombia, un país acostumbrado a pasarse los tragos amargos con licor —y especias nativas— se han venido profundizando durante décadas una serie de problemáticas ligadas a la salud física y mental. La tendencia al parasuicidio (1) es tan colombiana como el agua de panela, aunque sea un secreto vergonzoso de admitir. En Colombia anidan tendencias criminales y autodestructivas que apenas hasta ahora comenzamos a atrevernos a admitir –no sin tener que soportar una que otra amenaza de muerte–, aunque evidencias de ello hay de sobra en los titulares de prensa. El consumo interno de drogas, otro tema tabú, es la mejor prueba de esa tendencia autodestructiva. Y mientras se niega que el problema de las drogas nos afecta todos, adictos o no, la fallida guerra contra la droga sigue enriqueciendo a los narcotraficantes que financian a los narco- políticos que con una mano erradican cultivos y con otra protegen a los narcos. Es el circulo vicioso del vicio colombiano.
Mafias, evasión fiscal y economías paralelas. Como si los problemas antes descritos fuesen pocos, la ilegalidad de las drogas trae otro problema, uno mas visible y sobre el que algunos países han comenzado a tomar medidas correctivas. Ejemplo de ello son Canadá, Holanda, Uruguay, así como el estado de California, Colorado y Nueva York en Estado Unidos, donde la comercialización de marihuana recreativa y medicinal aporta a la economía legal billones de dólares en impuestos anualmente. Ciudades como Denver, en Colorado, y el estado de Nuevo México, se han atrevido incluso a legalizar la producción, venta y consumo de psilocibina, también llamados “hongos mágicos”, que producen efectos similares al LSD, y que tiene probadas cualidades terapéuticas contra trastornos de ansiedad, depresión y estrés post-traumático. En contraposición a esos estados que han tomado iniciativas regulatorias y fiscales, encontramos otras economías «narcotizadas», de países productores de drogas, en las que se niega el doble problema de la ilegalidad: mayores beneficios para los narcotraficantes, y cada vez peores consecuencias de salud para los drogadictos.
En esos países, o narco-estados, las políticas ha llegado al colmo del descaro. Desde la época de los grandes carteles de se ha venido gestando una nueva clase social: la de corruptos y mafiosos multimillonarios, que son a la vez exportadores de droga y evasores fiscales –lo que hace que sus fortunas se multipliquen– , y que habiendo comprado todo lo concebible, han decidido hacerse también con los estamentos democráticos de los países que se niegan a abandonar la “guerra contra la droga”. En resumen, los narcos latinoamericanos financian las campañas de los políticos que dicen luchar contra las drogas pero que simultáneamente cuidan de sus mejores financiadores: “importadores”, “ganaderos”, “caballistas”, “empresarios”, “hacendados”, «gente de bien».
Y en medio de toda esta fiesta hecha a la medida de pillos, hampones y corruptos, nunca nadie —hablo de los senadores y congresistas colombianos— propone cadenas perpetuas para estos terroristas exportadores de venenos que matan a millones de personas. ¿Quién sería capaz de irse en contra del negocio que mantiene constante el flujo de dinero en estos naco-estados? ¿Quién sería tan valiente de proponer toda una vida de privaciones a un gremio tan productivo y dinámico? Y lo que es aún más inquietante: ¿quién votaría afirmativamente a una propuesta que significaría la eliminación de coimas, sobornos, regalos y financiación, para las futuras campañas electorales de esos políticos que tanto dicen odiar las drogas?
(1) Término acuñado por Kreitman y colaboradores en 1969 para referirse a conductas que buscan generar cambios drásticos en la vida de quien vive situaciones asfixiantes. El parasuicidio es una pulsión que manifiesta una crisis interior, es un grito de auxilio.