¿Qué medidas habría que tomar para enderezar el rumbo de las fuerzas militares (y policiales) colombianas? Ante los reiterativos casos de violaciones, abusos de autoridad, involucramiento en actividades criminales como interceptaciones ilegales, seguimientos a periodistas, opositores del gobierno, masacres, y alianzas con paramilitares, es necesario someter a escrutinio todos los procesos internos de las instituciones, que en teoría, tienen el monopolio de las armas en este país. Acá dejo algunas sugerencias con la esperanza de que no incomode demasiado a los nazis de teclado, a los que la opinión y la preocupación de los ciudadanos parece enfurecerlos sobremanera, como si los países se construyeran de manera pasiva y solo por ordenes de los que ganan recurriendo al fraude electoral. Es precisamente ese conformismo cómplice lo que ha convertido a Colombia en Sodoma y Gomorra:
No reclutar débiles mentales: portar armas de alto calibre, imponer la autoridad, moverse por territorios aislados en grupos numerosos, requiere que personas selectas entren a ocupar esos roles. Individuos inseguros, violentos, prepotentes, ignorantes y arrogantes deben ser excluidos de esa selección. Sólo debería permitírsele el acceso a la institución a individuos voluntariosos, con deseos de construir una Colombia pacifica e incluyente.
Exámenes de ingreso: Las fuerzas armadas (y policiales) sólo deben reclutar a los colombianos mejor capacitados, para ello debe reemplazarse el reclutamiento forzado —que es una forma de secuestro— por el reclutamiento voluntario, que debe incluir exámenes médicos en privado —nada de empelotar bachilleres en coliseos para tocarle las pelotas—examen de aptitudes, pruebas atléticos y, sobre todo, exámenes psiquiátricos, para detectar con antelación las pulsiones sádicas, pirómanas o criminales. El reclutamiento forzado debe ser eliminado por completo, ya que no solo es una practica barbárica y degradante, sino porque condiciona a un estado de servidumbre a unos jóvenes que recién comienzan su vida adulta y que quedarán marcados de por vida por esa experiencia traumática, que empeorará dentro de las fronteras herméticas —a la justicia civil— de los batallones militares. No se puede esperar tener un ejército profesional cuando a los bachilleres se los rapta, humilla públicamente, primero, y luego en privado, durante su «entrenamiento», lo que va minando la autoestima, la moral y el amor propio de esos individuos que apenas se estrenan en la vida adulta.
Objeción de conciencia: todo colombianos debería ser libre de decidir si presta o no el servicio militar. Colombia es una república democrática y los derechos de sus ciudadanos deben estar por encima de cualquier institución estatal. Sus decisiones, la de los ciudadanos, debería ser respeta y validada, especialmente por aquellos que dicen proteger la vida y el honor de la nación, que es al final de cuentas, la gente que lo habita.
Sueldo y capacitación: los soldados profesionales que entren voluntariamente a las fuerzas militares y policiales deben ver en ellas la posibilidad de superarse intelectual y económicamente, de manera legal y legítima, sin tener que recurrir a chanchullos y mecánicas corruptas. Los soldados, durante su primer año formativo, deben recibir una reforzada formación en humanidades y constitución política, en la misma proporción que se les enseña a combatir, o manejar armas. Las bonificaciones que se les ofrezcan, una vez sean parte activa del ejercito o la policía, deben estar ligadas al desarrollo profesional, ya sea con capacitaciones y estudios, a nivel nacional e internacional, y no solo en milicia y estrategia, sino, sobre todo, en aéreas del conocimiento humanos como psicología, ciencias sociales y humanidades. La humanización de unas fuerzas armadas deshumanizadas, insensibles a las necesidades de la población —especialmente la que habita en parajes remotos a los que no llega la presencia estatal— es indispensable si desea reconstruir un país agobiado por 60 años de conflicto interno.
Eliminar el abuso de autoridad: romper el ciclo del abuso de autoridad debe comenzar desde los mandos superiores. Los soldados, en todos los grados de formación, deben recibir un trato digno, y como en cualquier otra empresa debe velarse porque así sea. Abusar física y mentalmente de un miembro de la institución, por otro de rango superior, desilusiona, desmotiva, traumatiza, vuelve rencorosos y violentos a las afectados. Además, incrementa las probabilidades de suicidios.
Privilegios y sanciones: no deben premiarse las violaciones a los derechos humanos o a la constitución nacional. En caso de que la justicia militar no tome nota y haga cambios normativos, lo mas coherente sería que la sociedad civil exija que a los militares involucrados en crímenes contra civiles sean juzgados por jueces civiles –y que paguen sus condenas en las cárceles, como criminales comunes y corrientes–, o por la justicia transnacional, en caso de que sean crímenes de guerra. Los privilegios deben ser exclusivamente para los miembros de las fuerzas armadas que presenten avances en aspectos relacionados con derechos humanos y fortalecimiento de lazos con las comunidades mas remotas, para las cuales ellos representan al estado colombiano. Deberá premiarse a los uniformados que logren recuperar la confianza de las poblaciones afectadas por la violencia, en muchas ocasiones, ejercida por las propias fuerzas del estado. La baja de adversarios que dio como origen la práctica de los “falsos positivos” debe ser erradicada, y los premios que reciban los funcionarios estatales debe ser de tipo académico, de tal forma que se ofrezca la posibilidad de superarse sin tener que recurrir a la codicia y la corrupción.
Los colombianos que portan uniformes no deben acostumbrarse a ir a sus anchas cometiendo atrocidades y violando la ley. Los uniformados involucrados en delitos contra civiles deben ser despojados de su rango y expulsados de las fuerzas armadas o policiales. Al interior de estas organizaciones deben realizarse purgas frecuentes, comenzando por aquellos con historiales manchados con reiteradas advertencias y sanciones.
Eliminar el fanatismo, sea religioso o «patriotismo»: Las fuerzas militares y policiales deberían estar en función de proteger a todos los colombianos, sin importar su extracción socio-cultural, su ideología religiosa o política. Para poder dar marcha atrás a la degradación latente en las fuerzas estatales es necesario que desde las fuerzas del orden se siente un precedente de apertura, generosidad y amor al país, en otras palabras, al pueblo que lo conforma. Ser soldado o policía no es ser vigilantes de fincas o bancos, es ser guardián de la vida y la libertad de todos los colombianos. Tampoco es ejercer funciones de policía moral o política. Vivir en una democracia significa, en el caso de las Fuerzas Armadas y policiales, velar por la libertad y los derechos de todos los colombianos.